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MUSEÓLOGOS Y ASOCIACIONES PROFESIONALES EN ESPAÑA

Cualquier reflexión sobre el papel de las Asociaciones de Museólogos en España, debe venir precedida por un examen de aquello sobre lo que ejerce su labor tutelar, la propia profesión de museólogo, que lejos de ser la figura estática que durante tantos años fue en nuestro país, se mueve ahora con la velocidad de los cambios de las estructuras sociales y culturales en un mundo dominado por la globalización.

Se ha pasado de un país en que el número de museos era relativamente escaso, y fundamentalmente de titularidad estatal, a otro en que la creación de museos se ha disparado, con un número en torno a los 1300, y amenaza con un crecimiento imparable a medida que se ponen en marcha nuevas iniciativas, sean del Estado central, de las Administraciones autonómicas o locales, de fundaciones diversas, e incluso, aunque menos, de particulares, obedeciendo a una demanda real del público como consecuencia de la democratización de la cultura y asumida por los promotores como elemento de prestigio.

No hace falta recurrir a los ejemplos archiconocidos de los grandes museos para demostrarlo. Otras muchas experiencias infinitamente más modestas avalan igualmente el fenómeno, como la gran cantidad de pequeños museos que surgen por doquier amparados en los fondos comunitarios que vienen de Bruselas, utilizados por los munícipes como factor, o así lo entienden ellos, de desarrollo económico para sus poblaciones, generalmente ayunas de otras fuentes de riqueza.


Por otra parte además del museo se han puesto en marcha otra serie de centros, como las aulas arqueológicas, las aulas de la Naturaleza o centros de interpretación, que aunque no sean exactamente lo mismo que el museo mantienen con esta institución muchos puntos de afinidad en cuanto a la difusión, su relación con el público, su carácter educativo, quizá con un mayor componente lúdico.


Cualquier elemento del patrimonio cultural o natural es susceptible hoy de convertirse en recurso turístico mediante una musealización adecuada.

Cabe preguntarse no obstante si ese incremento de demanda y de oferta ha ido acompañado de una mayor calidad de los museos que se han puesto en marcha en estos años y de una mayor cualificación de las personas al frente de los mismos.

Además, a partir de los 80 se produce, por otra parte, por influjo anglosajón, un cambio dentro de los museos y su percepción por parte de la sociedad, dirigido más al público que a los objetos que habían sido hasta entonces los protagonistas.


Por otro lado, la propia diversificación y eclosión de los museos ha hecho más compleja la labor del profesional dedicado a estos centros, circunscrito antes a un mundo mucho más reducido y más fácil por más conocido: la custodia de las piezas y la aportación a las mismas de los aspectos científicos propios de un investigador, junto, claro está, con el mantenimiento de las colecciones abiertas al público, aspecto que constituía entonces y ahora la razón de ser fundamental del museo.


En la actualidad, el mayor protagonismo de estas instituciones ante la sociedad demanda del profesional de museos múltiples facetas: gestor, diseñador, educador, comunicador, captador de recursos, etc., que hacen mucho más compleja su figura, si bien lógicamente, el panorama varía sustancialmente según el tamaño, y la consiguiente complejidad del centro de que hablemos.


Asistimos por ello a una cierta indefinición del papel del museólogo, desde sus orígenes, en que todo estaba mucho más claro, al momento presente.

Es evidente que la vocación monolítica del conservador de museo capaz de ocuparse de todos los aspectos que pueden afectar al centro es insostenible hoy día, por lo que todos los que desarrollan su trabajo de manera habitual en el museo pueden ser considerados profesionales de museos. Ahora bien ¿son museólogos en sentido estricto o son profesionales e otros campos que prestan sus servicios en el museo?


Lo cierto es que cada día más los conservadores tienen que ser ayudados por otros especialistas: arquitectos, diseñadores, montadores de exposiciones, pedagogos, en el desempeño de sus tareas.


El ICOM contempla un amplio abanico de estos profesionales en sus estatutos cuando los identifica con el conjunto de miembros del personal de museos o de las instituciones afines que hayan recibido una formación especializada o posean una experiencia práctica equivalente en cualquier campo relativo a la gestión y las actividades de un museo y las personas independientes que, respetando el Código de Deontología Profesional, trabajan para museos como asesores o profesionales.


La legislación actual en España ofrece una indefinición intencionada al no especificar quienes son los profesionales de museos, ya que la norma que debería haberlo aclarado, el Reglamento de museos de titularidad estatal y del Sistema Español de Museos de 1987 se limita a establecer las funciones y las áreas básicas de los centros sin entrar en temas de personal, pensando seguramente en la casuística que se abriría con posibles situaciones de conflicto en relación con las Comunidades Autónomas.


Ante esta diversidad de funciones, es claro que el museólogo -término por amplio que parece más apropiado que el de conservador, de connotaciones más rancias y que se puede prestar a confusión-, tiene que ser un profesional de formación global, ya que es muy difícil responder a los cometidos diversificados que hoy se exigen de la profesión. Se entendería por ello que el museólogo es el que tiene la formación integral en museos, con una visión generalista capaz de comprender el museo en su totalidad, con visión de conjunto, sin que esté reñida esa vocación integradora con que además detente una especialización determinada en alguno de los campos de la Museología.


Como señala Andrés Carretero, el técnico de museos tiene que tener una formación global por la unidad de funciones que el museo supone y al mismo tiempo especializada ante la diversidad de contenidos del centro.


Posiblemente el principio de ordenación de los museos a partir de la fórmula ya tan manida de la definición del ICOM pasa por el establecimiento de unas relaciones de dependencia entre las distintas funciones que se atribuyen a estos centros. Ciertamente todas son importantes pero seguramente alguna lo es más que otras, y debe por ello ser prioritaria.


Esta indefinición, al no tratarse de una profesión no reglada al modo de otras más definidas como la de arquitecto, médico o ingeniero, hace hoy por hoy difícil de tipificar posibles situaciones de intrusismo profesional, ya que cualquiera que trabaje en áreas funcionales del museo con una preparación universitaria básica es avalado por la práctica como profesional de museos.


Sí es más claro, sin embargo, el intrusismo por la vía de la libre designación por parte de las autoridades políticas, por los nombramientos de profesores de la universidad -cuando no es posible el camino inverso, acceder desde el museo a la universidad por parte de los conservadores-. Igualmente se puede considerar intrusismo el acceso a los puestos de conservador de otros funcionarios del grupo A en algunas autonomías que carecen de ese cuerpo específico.


Esta difuminación del conservador de museo viene en paralelo con la irrupción en el mercado laboral de una serie de profesiones emergentes, como la de Gestor de Patrimonio Cultural, en la línea de los estudios de dirección y administración de empresas, que nace con una vocación de abordar los aspectos del patrimonio histórico más relacionados con su rentabilidad, difusión y puesta en valor, sin incidir, al menos por el momento, en los más propiamente conservacionistas o referidos a la catalogación o documentación, y cuya plasmación en el mercado laboral se irá concretando en los próximos años.

Su visión es la de gestionar los recursos del patrimonio desde una óptica empresarial, por supuesto desde el respeto a la integridad del bien cultural, como establecen los estatutos de la recién constituida Asociación de Gestores del Patrimonio Cultural que agrupa a este colectivo.


En relación con ello, también en el mundo académico han surgido, al amparo de la Ley de Ordenación Universitaria, especialidades de cuatro de años de duración sobre Patrimonio Histórico que proyectará sin duda nuevos profesionales sobre el mercado de trabajo asociado a la cultura.


Esta complejidad se ve reflejada lógicamente en los sistemas de selección del personal técnico de museos: oposiciones en las Administraciones Estatal, autonómica –creando sus propios cuerpos de museos- o local, con una serie de temas reglados, concursos de méritos, o bien contrataciones temporales o definitivas en aquellos centros como fundaciones y otros de carácter privado con más libertad de movimiento y agilidad en su gestión.


En todo caso, los primeros parecen ofrecer una mayor garantía de estabilidad para los profesionales y salvaguarda su independencia frente a las presiones políticas, permitiéndoles una mayor dedicación a la especialización frente a la contratación laboral, aunque no hay que desconocer las posibles ventajas de este sistema frente a la inercia o la falta de motivación que en ocasiones puede llevar aparejado, hablando en términos generales de la Administración, el sistema clásico de oposiciones.


En relación con el tema de las oposiciones, en los años 70, a partir de la creación del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos en 1973, se fue perfilando un sistema en que los centros seleccionaban a sus conservadores adecuándolo al perfil que les interesaba mediante la convocatoria de pruebas específicas. Esta línea sin embargo se ha visto rota por la introducción de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984, que ha venido a consagrar el modelo de pruebas de tipo generalista, al uniformizar el sistema de acceso y la apertura a distintas clases de titulaciones, que dificultan la especialización de quienes superan las pruebas.

Para huir de esta limitación, los grandes museos de bellas artes recurren a la contratación de profesores universitarios de manera temporal, figuras de reconocido prestigio, buscando el superespecialista, de modo que se consagra la preeminencia de los conocimientos científicos sobre los propiamente técnico-museológicos.


Con las Comunidades autónomas los sistemas de selección se han diversificado, variando de unas a otras el tipo de requisitos para acceder a los puestos, si bien en esencia pueden ser más o menos similares.


Todo esto tiene mucho que ver con la formación previa en Museología que de paso a la práctica de la profesión. A pesar de haberse planteado teóricamente en fecha tan temprana como 1933 en España no existe hasta la fecha ningún tipo de especialidad universitaria reglada en Museología, como tal licenciatura específica, a pesar de los variados masters y algunos cursos de postgrado que se vienen celebrando en distintos centros, unos de contenido general en Museología y otros dedicados a especialidades concretas.


Muchos de esos cursos que hoy son relativamente abundantes adolecen de excesivo componente teórico, no siempre están impartidos, además, por las personas más preparadas y a veces se centran en temas excesivamente monográficos que no van acompañados de la disponibilidad de puestos de trabajo con ellos relacionados.


Por otra parte la desaparición de las prácticas profesionales en museos, que la reforma de la Ley 1984 barrió, eliminó otra posibilidad valiosa de contactar con el mundo de los museos por parte de los potenciales interesados.


Las únicas posibilidades de acercarse al mundo de los museos son en muchos casos simplemente cursar, durante el primero o segundo ciclo de la carrera, la asignatura de Museología, incorporada a los planes académicos a partir de los años 70.


Lo cierto es que la formación en nuestros museos sigue siendo autodidacta. Se adquiere con la práctica, tanto en los museos públicos como privados antes que como disciplina teórica que se estudia previamente para ejercitarla luego.


Teniendo en cuenta la situación esbozada, para iniciarse en la profesión de museólogo desde el punto de vista académico, parece adecuada la posesión de una Licenciatura en el tema concreto de especialización que cada uno personalmente elija (arte, historia, arqueología, antropología, ciencias, gestión cultural, patrimonio, etc.), y que le permitirá obtener la base científica y los instrumentos formales de trabajo relativos a los fondos de los diversos tipos de museos y que constituyen la esencia de su tarea.


Parece conveniente también, en un planteamiento académico, la existencia de un ciclo de Museología de tercer grado como complemento de la Licenciatura anterior. Con ello se podría adquirir la formación especializada necesaria y los conocimientos comunes para el ejercicio de la profesión.


Esta última fase académica se debería hacer compatible con la realización de prácticas en los distintos centros, de modo que pudiera contrastarse la teoría con la realidad, las cuales deberían estar ligadas muy directamente a los profesionales de los museos de modo que se facilitase la transmisión de la experiencia acumulada por aquéllos.


Siguen siendo válidas, en un tema como éste, sometido a discusión, las cuestiones más polémicas: ¿es necesaria una licenciatura en Museología o en Patrimonio Cultural como condición indispensable para acceder al trabajo en los museos?, ¿son exigibles de la misma manera como complemento de una licenciatura, los cursos de postgrado referidos a Museología?, o si no indispensables, ¿deben ser puntuables los cursos especializados durante el proceso selectivo?

En todo estos caso, tras el acceso teórico a un puesto de trabajo en museos, sí debería abrirse un período de prácticas en centros de variadas características a fin de conocer distintos tipos de fondos y situaciones, lo mismo que para los trabajadores que prestan sus servicios en museos de manera habitual resulta fundamental la celebración periódica de cursos de perfeccionamiento y de especialización en materias concretas relacionadas con la profesión, dentro de una política de actualización permanente de conocimientos.


Una reivindicación que surge frecuentemente por parte de los profesionales es la pérdida paulatina por parte del museo de su capacidad investigadora, reclamando un estatus en este campo similar a los centros universitarios que les permitan liderar proyectos científicos y recibir las subvenciones necesarias, si bien algún colega considera que la investigación en los museos debe ir más dirigida a lo “museológico”, a los intereses de los visitantes, del público o de la exposición más que a lo propiamente académico.


Los museos demandan asimismo un mayor grado de autonomía de gestión que agilice los asuntos, a veces elementales, que tienen que resolver, muchas veces condicionados de manera exasperante por una estrecha y retardante dependencia burocrática de los organismos administrativos.


Otro problema que se cierne sobre el panorama de los museos, y seguramente no ha hecho más que empezar, es la amenaza de privatización que parece planear sobre los museos europeos, siguiendo las pautas de la Museología norteamericana, tema en el que Italia aparece ahora como punta de lanza.

Acostumbrados a la vinculación tradicional de la administración cultural con la cosa pública, la propuesta no puede por menos de inquietarnos. Habrá que estar atentos a su posible evolución, quizá menos preocupante de lo temido, si, como parece, el bloque científico-técnico del museo, asociado a la conservación y documentación de las colecciones, permanece como hasta ahora en manos de profesionales, y lo que se pretende privatizar, encomendar a empresas, se refiere exclusivamente a aspectos exteriores como publicaciones, marketing, difusión, didáctica o gestión de recursos.


En todo caso habrá que mantenerse vigilantes para que esa vía no signifique el abandonismo de los centros por parte de las Administraciones.

Bien es cierto que todas estas observaciones están más justificadas en el caso de los museos dependientes de las administraciones públicas, más vinculados a los que hoy día formamos mayoritariamente la Asociación Profesional de Museólogos de España.


Habrá con seguridad otras visiones de los museos de otras instituciones, fundaciones o de particulares que en gran parte presentan una problemática diferenciada, por no hablar de un colectivo tan importante como los museos de la Iglesia Católica, con la singularidad que ésta presenta.


En todo caso hay que insistir en la necesidad, con independencia de la titularidad de los centros, de una formación adecuada como condición indispensable para ocupar puestos en museos.


En este sentido resulta digna de encomio, por lo que tiene de razonable y de pionero en la legislación española el reciente Decreto del Gobierno Catalán (Decret 232/2001) sobre el Personal Técnico y Directivo de los museos inscritos en el Registro de museos de Cataluña que establece la necesidad de contar cada centro al menos con un técnico superior de museos, que ha de tener una titulación superior universitaria y los conocimientos de Museología que se relacionan en el anexo del mismo decreto.


Se echa igualmente en falta en el mundo de la Museología en España un organismo de coordinación entre museos, que sirviese de punto de acercamiento e intercambio de información entre estos centros, ahora más necesario que nunca con la puesta en marcha de la organización autonómica del Estado, generalizada a partir de 1987, con lo que supone de disparidad de administraciones, de distintas maneras de abordar la resolución de los problemas de personal sobre todo.


Lo cierto es que la puesta en marcha del estado de las Autonomías ha traído aparejada la disminución como colectivo unificado del único núcleo de profesionales del Estado, diluidos ahora sus componentes en las distintas comunidades autónomas, desapareciendo una cierta unidad de criterio sin que se garantizase un cierto estatuto de cohesión entre los profesionales

Se supone que ese papel aglutinador debería corresponderle al Ministerio de Cultura como órgano que está por encima de las instituciones y los planteamientos locales, pero lo cierto es que no ejercita demasiado ese papel, salvo la organización hace tiempo de algunas jornadas y cursos de formación a los que tenían acceso los conservadores transferidos a las autonomías.

En gran parte para suplir ese vacío y servir de instrumento de relación entre los museólogos en diciembre de 1994 nace la Asociación Profesional de Museólogos de España, con la finalidad de defender los criterios profesionales de sus miembros y de sus intereses legítimos; propugnar el reconocimiento de la Museología como actividad profesional especializada; fomentar sistemas de formación, tanto continua como para los nuevos profesionales; subrayar el papel de los museos como contenedores del patrimonio cultural ante la sociedad; asesorar a los organismos nacionales e internacionales en aspectos relativos a la legislación sobre museos y su desarrollo; ofrecer a los organismos titulares propuestas y estudios tendentes a la mejora de la situación de los profesionales; facilitar el intercambio de información entre sus miembros mediante coloquios, congresos, etc; divulgar a través de los medios de comunicación social la situación de los museos y cuanto les pueda afectar; y establecer un código ético.

Podría hacerse autocrítica de la Asociación planteándose hasta que punto ésta recoge las reivindicaciones de la profesión, si agrupa a una masa importante del colectivo de profesionales de museos en nuestro país, es decir si resulta suficientemente representativa; si está obteniendo el reconocimiento público suficiente y el apoyo legal por parte de los poderes públicos para hacerse oír en los temas que afectan a los museos y, por consiguiente, con cierta posibilidad de influir para cambiarlos.

Otra, también de ámbito nacional, Asociación Española de Museólogos, creada en 1993 y conocida fundamentalmente por la calidad de su revista, se plantea igualmente luchar por los intereses de la Museología pero desde una perspectiva más abierta, no profesional, dando cabida a las personas interesadas en el tema sin que sea requisito necesario el trabajar en puestos concretos de museos.

Resulta cuanto menos llamativa la existencia de dos asociaciones tan parecidas en el nombre, tema que quizá pueda solventarse en el futuro, mediante los intentos de aproximación que hasta ahora no han fructificado, en la línea de aunar intereses que en muchos aspectos pueden resultar convergentes.

El mismo planteamiento cabe hacerse respecto a la asociación más antigua, con cincuenta años de existencia, la ANABAD, Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, en que los profesionales de museos son una minoría importante, con un pasado serio a sus espaldas recogido en los artículos rigurosos de su Boletín, donde se integran socios tanto institucionales como personales, y donde hay planteado en este momento un movimiento de renovación, casi de refundación, que potencie el papel de los museos en el esquema general que agrupa a los distintos colectivos que recogen sus siglas.

A nivel del resto del Estado, al amparo de la organización autonómica, han surgido también la Asociación de Museólogos de Cataluña y la de Euskalerría, aunque esta última prácticamente inactiva, cuyos planteamientos son bastante similares, lógicamente, a los de la Asociaciones Profesionales de ámbito nacional.

La Asociación de Museólogos de Cataluña, nacida en junio de 1995 como heredera de otras asociaciones anteriores sobre el tema, se plantea definir y potenciar el perfil profesional de la figura del museólogo y trabajar por el reconocimiento social y laboral de la profesión; fomentar la comunicación y la relación laboral entre sus miembros y velar por el correcto funcionamiento de los museos y por la salvaguarda del patrimonio cultural y natural.

El papel de la Asociación en el ámbito concreto catalán ha sido notorio, con una presencia activa en los debates suscitados por las normas jurídicas relativas a museos emanadas de las administraciones y con el posicionamiento práctico en la situación de los museos en Cataluña y la defensa del patrimonio cultural, participando en temas tan próximos a la realidad como las recomendaciones referidas a la contratación de profesionales, muchas de ellas recogidas en las normas emanadas de la Generalitat, defendiendo la transparencia y el rigor en los procesos de selección.

El Concello Galego de Museos, creado en 1990 pero con orígenes una década antes, no es formalmente una asociación de profesionales sino de museos, una organización de coordinación entre instituciones, foro de información y de debate, desde la que se han realizado abundantes propuestas tendentes a mejorar la realidad museística gallega promovidas, claro está, por un activo grupo de profesionales vinculados a los centros integrados en el Concello.

Como resumen de estas notas apresuradas, el principal problema que afecta a los museólogos hoy día se refiere a la indefinición de la profesión, mucho más abierta a posibilidades diversas, enriquecida por realidades que superan la imagen tradicional del museo, y por ello más plural.

La antigua figura del conservador, e incluso la del museólogo, se ha ido difundido y en su lugar aflora un perfil más poliédrico, con un campo abierto a gente procedente de distintos horizontes formativos. Como consecuencia de la ampliación del concepto de museo se está diversificando el colectivo susceptible de integrarse en él.

En este sentido la línea de acción de las asociaciones de museos debería ir por una integración de todas esas realidades nuevas que se manifiestan en el mundo de la cultura, insistiendo en potenciar lo que tienen de común –la difusión del patrimonio cultural-; y defendiendo sobre todo la necesidad de una formación museológica entre los profesionales que se ocupen de estas tareas en cualquiera de sus variantes.

De no conseguir adaptarnos a esta realidad cambiante corremos el riesgo de quedar fuera de juego.


Jorge Juan Fernández
(Junta directiva de la APME)

Texto presentado al Encuentro Transfronterizo de Museología (Associaçao portuguesa de museologos) en Salamanca, el 3/5/2002)

 
 
   
   
   
 
 
     
     
     
     
     
     
 
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